Ante la polémica en redes sociales acerca de la inminente demolición del conjunto de casas en Cuesta de Núñez, desde la coordinación de Teorías e Historias de la Escuela de Arquitectura, le solicitamos a la arquitecta Nancy Reyes Sevilla, una opinión al respecto.
Durante los últimos días se ha generado en redes sociales la inquietud sobre la supuesta demolición del conjunto habitacional existente en Cuesta de Núnez, San José, precisamente en Avenida 1, entre calle 13 y 15.
En medio de una coyuntura política compleja, con la proliferación de espacios urbanos hostiles, y una fuerte presión en torno a la supervivencia de los inmuebles históricos, el Centro de Patrimonio constata tener una larga cola de bienes inmuebles en estudio de declaratoria, siendo este conjunto habitacional uno de ellos. Si bien es cierto que, desde el año 2016 la arquitecta Ofelia Sanou se manifestó en redes sociales sobre la importancia de la protección de este conjunto urbano, fue hasta el 2019 cuando ingresó una boleta de solicitud de declaratoria patrimonial por parte del arquitecto Mauricio Ordoñez. Al día de hoy no se ha iniciado el estudio correspondiente, y por ende no han procedido acciones para asegurar su preservación.
El conjunto de Cuesta de Núñez posee valor patrimonial, por cuanto es un testigo de la geomorfología y condiciones topográficas pronunciadas de este sector de la capital, las cuales se evidencian en la adaptación de sus construcciones a calle pública. Está constituido por un primer bloque de seis residencias de ladrillo que datan de los años cuarenta. Tres de ellas se sitúan a un nivel “bajo rasante” de calle, con acceso por medio de gradas, y las otras tres están conectadas por medio de pasarelas.
Estas seis residencias fueron el resultado del plan de construcción de casas por parte del Banco Nacional de Seguros, durante un contexto de entreguerras en el cual se favoreció la compra de materiales de fabricación nacional. Anexas hay otras construcciones que poseen fieles rasgos de la arquitectura victoriana, adaptadas también de manera innovadora al terreno. El entorno de este conjunto es patrimonial, destacándose: el Paseo de Las Damas, el Colegio de Sión, la Casa Rosada, el Parque Nacional, el Museo Nacional, y el Castillo Azul; todos ellos transgredidos, de una u otra manera, por el polémico inmueble de la Asamblea Legislativa.
El salvaguardo de este conjunto es una responsabilidad compartida. El Centro de Patrimonio es la institución encargada de estudiar y crear el marco jurídico para que inmuebles y conjuntos urbanos puedan preservarse. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos se encarga de velar por la debida tramitología constructiva a nivel nacional, y la Municipalidad de San José es el órgano que aprueba las construcciones, remodelaciones o demoliciones en su espacio jurisdiccional. Finalmente, es la ciudadanía quien refuerza el valor de estos espacios a través del uso.
Durante el 2020 los Apartamentos Maryland, joya del estilo art decó y obra del arquitecto José Francisco Salazar fueron brutalmente intervenidos. Se le agregaron dos niveles sobre azotea, todo con permisos de las instituciones competentes, careciendo de declaratoria patrimonial. En años anteriores, el Templo Bíblico fue vendido mientras llevaba tres años en estudio de declaratoria patrimonial, el nuevo propietario devastó su interior y su ornamentación exterior en cuestión de días.
Bajo el presente contexto de pandemia por COVID-19 se demolió la casa de la familia Herrero-Pinto en Los Yoses, valioso referente de la arquitectura moderna y pocas semanas antes la icónica casa victoriana que perteneció al doctor Sotela y Tatiana González en Barrio la California. Esta última contaba con destacado protagonismo urbano, se mantenía impecable, debidamente preservada y no contaba con declaratoria patrimonial.
La preservación del pasado construido no se debe entender como una acción unilateral. Los inmuebles tampoco pueden ser leídos o interpretados como objetos detenidos en el tiempo, sino como objetos vivos. A la ciudadanía le corresponde tener empatía y defender este patrimonio, al municipio le corresponde establecer zonas de protección, velar por el debido crecimiento y planificación urbana de su territorio, y debe por lo tanto tener en consideración los valores históricos de la ciudad y de los inmuebles de interés. Al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos también le corresponde brindar asesoría técnica y apoyo en materia de preservación y planificación urbana.
Los intereses privados no deberían poner en riesgo el patrimonio construido. Falla la Municipalidad de San José al responsabilizar al Ministerio de Cultura cada vez que perdemos un referente arquitectónico, y aún más al haber dejado en el olvido su primigenio esfuerzo por elaborar un inventario de arte.
Las políticas actualmente impulsadas por el Ministerio de Cultura no priorizan el patrimonio arquitectónico. A lo anterior, se le suma un marco jurídico obsoleto (Ley 7555 y su reglamento) y la debilidad de las acciones que intentan vincular a las organizaciones no gubernamentales y a la academia en la toma de decisiones.
Siendo así, ¿cuál será el futuro del conjunto habitacional de Cuesta de Núñez?, ¿perderemos uno de los últimos vestigios geomorfológicos de la ciudad decimonónica por simple inacción de los actores involucrados?
Preservar los valores históricos de la ciudad puede ser rentable y sostenible, para ello deben generarse políticas públicas concretas, y deben trabajar de la mano las instituciones involucradas y el sector privado. ¡No debería continuar la demolición sistemática en detrimento del bien común!
Desde las escuelas de arquitectura se pueden facilitar espacios para debatir las políticas que moldean el crecimiento actual de la ciudad. La sensibilidad histórica y el dominio de los valores constructivos de los inmuebles son parte fundamental de los conocimientos de los estudiantes de arquitectura, pues serán ellos los futuros profesionales que tendrán el reto de intervenir el espacio construido, así como asegurar su puesta en valor y uso.
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